Se acaba programa de nacionalización de chocolates
-31 de marzo, fecha límite
-Senado abroga Ley de Imprenta
-Sentencian a nueve años a Yarrington
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Raúl Hernández Moreno
Se tardó más de un siglo el senado, pero finalmente en la sesión del 14 de marzo, acordó abrogar la Ley de Delitos de Imprenta, vigente desde abril de 1917, pero inconstitucional.
Y es que la actual Constitución General de la República se aprobó el 5 de febrero de 1917, pero entró en vigor el 1 de mayo, En cambio la Ley de Imprenta se aprobó el 9 de abril y entró en vigor el 15 de abril, 15 días antes de que la Constitución cobrara vigencia.
Esta inconstitucionalidad se vino analizando varias veces a lo largo de los últimos 100 años y en 1977 hubo una gran discusión para reglamentar los artículos 6 y 7 constitucional.
En 1977, al artículo 6 se le agregaron 10 palabras contenidas en la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Esta adición desencadenó en su momento una guerra de papel con opiniones a favor y en contra de la reglamentación al llamado derecho a la información, pero al final no hubo nada.
En la sesión de hace dos días, el senado aprobó abrogar la citada ley, calificándola de anacrónica e inoperante. Ciertamente es una victoria pírrica a favor de la libertad de expresión, pero victoria al fin, en tiempos en que la libertad de expresión está amenazada por los poderes fácticos.
Encima, muchos se confunden y atacan a los periodistas porque no escriben de tal o cual tema. A los periodistas se les puede criticar o reclamar por lo que escriben, no por lo que no escriben.
Es estúpido pensar que porque no se escribe sobre geriatría, significa que los grandes fabricantes de medicamentos pagan para no informar sobre ese tema. O porque no se critica al América, significa que Televisa tiene en la nómina a los no críticos.
En otro tema, estamos a 15 días de que formalmente termine el plazo para nacionalizar autos chocolate. En Nuevo Laredo se han nacionalizado más de 29 mil vehículos, de un universo que se calcula es de entre 150 a 180 mil unidades.
El costo de regularización es de 2,500 pesos. Con esa cantidad no se paga ni una mensualidad del auto nuevo más económico que circula en el país.
Es una ganga, pues, pero hay gente a la que no le interesa regularizarse, porque nadie los molesta. Y cuando se les molesta, ponen el grito en el cielo y se dicen ultrajados.
Producto de estas nacionalizaciones se han recaudado más de 70 millones de pesos que el gobierno federal autorizó entregar a los municipios donde se regularizan las unidades.
Con este dinero el gobierno municipal que preside Carmen Lilia Canturosas Villarreal va a pavimentar 42 cuadras en colonias como El Progreso, Francisco Villa, Reforma Urbana, Los Agaves II, Palmares, Granjas Regina, Granjas Guzmán, Valles del Paraíso y Santa Cecilia.
Con el programa de nacionalización todo mundo salió ganando.
Hay que destacar que la alcaldes tuvo a bien autorizar personal extra para instalar 20 módulos de atención a los propietarios de autos chocolate, lo que permitió superar las 29 mil unidades, más lo que se acumule en los siguientes 15 días.
Por otra parte, un juez federal con base en Texas, sentenció a nueve años de cárcel al ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de nueve delitos, entre ellos el de conspiración para cometer lavado de dinero.
El hombre fue detenido en 2017, por lo que le faltarían tres años para salir en libertad, aunque en realidad al cumplir su condena será deportado a México, donde enfrenta otros delitos.
Ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, Yarrington buscó ser candidato presidencial en el 2006, para lo cual instruyó a su Procurador Francisco Cayuela, para que recorriera y colectara en las comandancias judiciales de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, un millón de dólares al mes que estaba ahorrando para la campaña, denuncias periodísticas que en su momento dio a conocer el semanario Proceso.
La respuesta del gobierno de Tomás a esas denuncias era que se trataba de inventos del semanario y en el 2017 le llegó la voladora al ex gobernador. La respuesta del tomasismo se replicó en el 2021 cuando Proceso publicó que a Francisco García Cabeza de Vaca lo investigaba la Unidad de Inteligencia Financiera y desde comunicación social del estado se dijo que era un invento de la revista.
¿Se repetirá la historia de Tomás con Cabeza de Vaca? El tiempo lo dirá.
Lo cierto es que así como a Cabeza de Vaca el FBI le entregó reconocimientos, lo mismo hizo con Genaro García Luna, quien en junio será sentenciado por 5 delitos. Los reconocimientos de FBI no garantizan impunidad.